Para cumplir su objetivo, esta gente se vale de la lentitud de la Justicia, que debe dirimir quién es el legítimo dueño. Cuando ello finalmente ocurre, por lo general ya es demasiado tarde: en el terreno seguramente ya se habrán comenzado a levantar algunas casas de personas que compraron atraídas por el bajo precio. El problema es que no podrán escriturar, ya que la venta se realiza otorgando una cesión de derechos, una figura que se usa cuando sobre el bien pesa un litigio judicial.

Esto es justamente lo que le sucedió el año pasado a la familia de Fernando Pons en su propiedad de unas 2,5 hectáreas ubicada en Buenos Vecinos y carril Godoy Cruz, en el distrito La Primavera.

"En setiembre de 2010 se presentó en la propiedad un señor acompañado de otras personas y rápidamente tomaron posesión. Allí teníamos un casero; este hombre le dijo que era el dueño y presentó papeles apócrifos; luego se pudo corroborar que en los mismos figura la firma de agrimensores y escribanos suspendidos", contó el afectado. A partir de allí comenzó el suplicio: realizó la denuncia en la Oficina Fiscal Nº9 y a casi diez meses del hecho aún no tiene resuelto el problema. En su caso, el fiscal de Guaymallén Mariano Carabajal caratuló en un principio la causa como "usurpación" y al poco tiempo la cambió por "averiguación de estafa", lo que deja en claro que se trata de una acción delictiva y no de una ocupación por necesidad.

Pero Pons no es el único damnificado. Este medio pudo constatar otros dos casos, aunque se cree que serían muchos más y que en todos actúan las mismas personas. Detrás de ellos, justamente, está el fiscal y los pesquisas de Delitos Económicos.

El hecho más reciente se dio hace dos semanas en un lote de casi 13 hectáreas ubicado en la calle Buenos Vecinos al 2200. Hasta ese sitio llegó un sujeto acompañado de ocho personas y dijo ser el dueño de las tierras; ante ello, el casero llamó a los propietarios, quienes arribaron a los minutos para impedir que la gente se metiera en las tierras, lo que derivó en una batalla campal que debió detener la policía.
La denuncia fue realizada también en la Unidad Fiscal Nº9, donde con el correr de los días lograron vincular este hecho con otros ocurridos en la zona y finalmente les otorgaron la posesión a sus legítimos dueños. En el medio de todo ello, los "usurpadores" intentaron nuevamente quedarse con el terreno, aunque no tuvieron éxito en su cometido.

Fuente: Diario Uno